La manifestación que cerró la jornada de paro en la Administración Pública logró una afluencia notable, un millar y medio de personas, en contraste con el pobre seguimiento que registró la huelga. El mensaje parece claro, los empleados públicos unen su voz contra la reducción de la nómina pero no quieren más recortes, los que se habrían derivado del paro. De forma implícita, se ha advertido también a los sindicatos del riesgo de la huelga general, ya que el ensayo del 8-J aventura otro fracaso.
La protesta e incluso la llamada al paro general son tan legítimos como probablemente inoportunos en un contexto europeo donde las medidas de austeridad compiten por superar la crisis con garantías. A pesar del recorte, si algún colectivo tiene capacidad para asumir esfuerzos es el de los funcionarios, que goza de estabilidad laboral y está llamado a dar ejemplo a una sociedad que necesita un funcionamiento ágil y eficaz de los recursos del Estado. Ya no es tiempo para el debate ni para la búsqueda de culpables sino para la acción en el único sentido posible, el sacrificio y la mejora de la competitividad para poder crear empleo, y de la única manera posible, la colaboración de todos.
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