La reforma laboral nace condicionada por las circunstancia políticas, lo que provoca indefinición y algunos equilibrios que desorientan a la hora de valorar el alcance de las medidas.
El decreto Ley entra hoy en vigor y plantea una nueva modalidad de contrato laboral, el llamado contrato de fomento, que pretende favorecer la ocupación. La eliminación de la dualidad contractual es un avance, con un coste de despido de 33 días, más la garantía de la administración. Donde se crea confusión es en la explicación sobre las causas del despido, ya que el texto no parece clarificar si las empresas deberán justificar o no seis meses de pérdidas para despedir con un coste de 20 días por año trabajado.
El acuerdo entre los agentes sociales habría sido muy positivo, pero no han conseguido alcanzar un pacto de mínimos. Por eso ha intervenido el Gobierno con un Decreto que ahora se tramitará como una proposición de ley, lo que añade también incertidumbre en la tramitación. En unos tiempos en que hace falta la adopción de medidas claras, con decisión y coherencia, mensajes que transmitan algo de confianza, el Gobierno sigue adoptando actitudes débiles, contaminadas por el entorno político y social.
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