Los jueces y sólo ellos decidirán si la concejala Antònia Salord tiene responsabilidades penales por la desaparición de un expediente que proponía sancionar a un delegado sindical de la Policía por una infracción en suelo rústico.
Éste es un problema que la concejala deberá resolver con la Justicia. Las antipatías entre Salord y Joan Triay son personales y afectan a ese ámbito. Otra cosa distinta es la responsabilidad política. Los documentos indican que la edil, ahora del Grupo Mixto y entonces del PP, se llevó este expediente y no lo devolvió. Es imprescindible que ofrezca unas explicaciones claras sobre lo sucedido.
Realmente se encuentra en una encrucijada. Si tiene el expediente y lo devuelve ahora, reconocerá la irregularidad de su gestión y deberá argumentar su actuación. Si no lo reintegra a las dependencias de disciplina urbanística, seguirá siendo responsable de una irregularidad grave. En sus manos está demostrar que no ha beneficiado a un agente que dependía de su área de gestión como responsable de Gobernación. El Ayuntamiento debe ser inflexible para que no queden dudas de que todos los ciudadanos reciben el mismo trato. Antònia Salord o bien responde y convence o debe dimitir.
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