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Parece que el Senado está estudiando cómo estirar sus presupuestos con el objetivo de que se pueda ampliar el uso de las lenguas autonómicas en los plenos sin que ello cueste un euro al erario público. Se alaba el esfuerzo. Para la gran mayoría, en la actual coyuntura no acaba de ser comprensible que se gastaran recientemente 6.500 euros en traductores para que un presidente autonómico, un consejero y una diputada popular pudieran expresarse en sus respectivas lenguas cooficiales. Con motivo de aquella polémica, uno de los traducidos no dudó en afirmar que las lenguas son un elemento de identidad de un pueblo y que, a su juicio, no tenían precio y apelaba a la sensibilidad. Muy digno aunque, lamentablemente, sí tienen precio. Por eso propongo una suerte de copago lingüístico. Todos los contribuyentes seremos muy sensibles y dedicaremos una parte de nuestros impuestos a pagar traductores; la mitad del coste de cada comparecencia a cargo de los presupuestos públicos y la otra mitad a cargo de la persona que tanto interés demuestra por expresarse en su propia lengua. A ver entonces si la demanda es tan irrenunciable. ¡Huy, si el sueldo de la mayoría de quienes reclaman este derecho también lo paga el sensible contribuyente! Pero, en todo caso, el dinero está en su cuenta. Quizá habría más de una sorpresa.