El ingreso en prisión el martes del diputado autonómico Bartomeu Vicens marca un hito en la historia política de las Islas. No es el primer cargo público condenado pero sí el primer miembro del Parlament, un órgano de representación popular, si bien es cierto que los delitos que le han llevado a la privación de libertad fueron cometidos en su anterior etapa en la vida pública, como conseller de Mallorca.
El caso no pasaría de una desgraciada anécdota, circunscrita a la conducta individual, si no fuera porque la cifra de encausados a su paso por las instituciones de las Islas y la naturaleza de los delitos que se les imputa aventuran parecido desenlace. Otros tres ex altos cargos le han precedido en el destino y una veintena están pendientes de juicio por distintos casos de corrupción, a los que deben añadirse los implicados en el goteo incesante de irregularidades que la investigación judicial ha destapado en los últimos días. El volumen que ha alcanzado este fenómeno desacredita a quienes lo han generado y desanima a una población cuya confianza siente burlada y que asiste atónita a una operación de limpieza a través de los tribunales a sabiendas de que con toda probabilidad no será completa.
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