La Comisión Balear de Medio Ambiente no es un organismo cualquiera. Tiene un gran peso político y técnico. Todos los proyectos que afectan al territorio -¿cuáles no afectan?- precisan del informe de impacto ambiental. Y eso significa montañas de trámites, documentos y papeles para cumplir una normativa desproporcionada, que ha ido creciendo y que el mismo presidente de la Comisión ha calificado de "farragosa". La agilidad para resolver el asunto de la ampliación del dique ha sido una excepción. Hay expedientes que llevan diez años en tramitación. Muchos "están muertos", porque los promotores o alguna administración han desistido, quizás por cansancio, pero nadie los entierra. La Comisión tiene pendientes de resolver alrededor de 750 solicitudes, más de 100 de Menorca. La burocracia tiene un gran impacto negativo sobre la economía y es un obstáculo enorme para la recuperación. Desmotiva a los promotores que se plantean una inversión, les desalienta durante el proceso y retrasa los "brotes verdes". El esfuerzo del nuevo presidente de la Comisión, Ramón Orfila, debería contar con más apoyo de una administración a la que le cuesta comprender que cuando hablamos de medioambiente también lo hacemos de economía.
Editorial
Un muro de trámites que lastra la economía
20/07/10 0:00
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