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El Foro Menorca celebrado ayer a instancias de este diario sobre Administración, ciudadanía y crisis puso de relieve numerosas deficiencias y la necesidad de redimensionar las estructuras de los organismos públicos a una realidad que exige eficiencia y austeridad. Los cuatro expertos invitados al debate, y seguramente buena parte de los contribuyentes, coinciden en dos premisas: no hay recursos suficientes, particularmente en los municipios, y los que hay, no están bien gestionados, aunque, en positivo, Balears es una de las comunidades con menos gasto en personal al servicio de la Administración.

La excesiva politización de la función pública, con cargos designados más por afinidad con el gobierno de turno que por su perfil técnico, el solapamiento en el ejercicio de algunas competencias, –la costosa duplicidad– y la inseguridad jurídica, que ha arruinado más de un proyecto y obstaculiza hasta el absurdo trámites simples, concitaron también la unanimidad de opiniones. La crisis habría de servir para introducir más racionalidad en la Administración –algo ha empezado a hacerse– y para una regeneración moral de conductas y recuperación de valores que también en este campo se han perdido y han generado descrédito.