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El Congreso aprobó anteayer la ley sobre la reforma laboral, con el apoyo en solitario de los socialistas y la oposición de los otros grupos, por considerar que es insuficiente (PP) o, por lo contrario, que atenta contra los derechos de los trabajadores. El Gobierno ha sabido sacar adelante un proyecto que ha sufrido pocos cambios en su tramitación parlamentaria. Las voces que siempre han reclamado esta reforma valoran que es un avance, limitado pero en la línea correcta. Regula el despido objetivo por causas económicas, con una indemnización de 20 días sin que se llegue a las pérdidas pero sí con una reducción de ingresos que ponga en peligro la actividad. Se generaliza el contrato de fomento del empleo (33 días de indemnización por año trabajado) y se obliga a los parados a acudir a los cursos de formación en un plazo máximo de 30 días. El tiempo dirá si estas medidas provocan una mayor flexibilidad de las plantillas, si sirven para crear más empleo y si a la larga se consigue una mayor estabilidad laboral. No parece de entrada que el alcance sea tan ambicioso. De momento, la reforma laboral avanza y obtiene como respuesta la convocatoria de una huelga general. Y todavía está pendiente la reforma de las pensiones.