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Blanco, ministro de Fomento, no entiende lo que significa una comunidad formada por islas, y sólo tiene la preocupación de reducir los presupuestos, sin plantearse el equilibrio entre austeridad y justicia. Su insistencia en poner un tope a las tarifas aéreas susceptibles de recibir el abono del 50 por cien en concepto de descuento de residente es alarmante, como también preocupa que el presidente Antich no consiga que le escuchen en Madrid sus propios compañeros de partido. De todas formas, José Blanco simboliza el fracaso de la gestión política en el transporte aéreo, una constatación que incluye todos los ámbitos de las administraciones. El problema no está en las tarifas hinchadas que aplican las compañías aéreas, ni, por ende, en el descuento por residencia, sino en el precio final y real que aplican las empresas. Nuestros representantes políticos parece que han descartado esta vía de negociación. Haría falta que expertos en la materia trataran con las compañías del coste real del transporte, a fondo, y sus subterfugios y argumentaciones para justificar posiciones políticas. ¿Es factible que el precio de un billete a Palma cueste 27 euros, como se planteó en la pasada legislatura?. Si lo es, hay que conseguirlo. Lo del descuento, ahora imprescindible, es una cuestión de forma.