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La intención del ministro de Fomento, José Blanco, de establecer un tope a las tarifas sujetas a subvención del transporte aéreo en los archipiélagos de Balears, Canarias y las ciudades de Ceuta y Melilla supone claramente un recorte de los derechos de sus habitantes. Resulta indignante ver cómo el desconocimiento más absoluto de la realidad de los responsables políticos que gobiernan el país puede afectarnos directamente. En Menorca sufrimos una inmerecida doble insularidad y se nos trata como a ciudadanos de segunda categoría. El descuento de residente es fundamental para garantizar unas tarifas aéreas asequibles y más en tiempos de crisis. Los socialistas menorquines deberían hacerles entender a sus homólogos del Gobierno central (seguro que lo harán, pero dudo que pueda servir de algo) que muchas veces necesitamos desplazarnos hasta la Península para resolver asuntos de vital importancia que incluso tienen que ver con la salud. No comprendo cómo eso le resulta tan difícil de entender al ministro José Blanco, que en este caso ha demostrado que en la ignorancia está el atrevimiento.