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Cada día llegan noticias y datos sobre las graves dificultades a las que se enfrentan muchas personas para sobrevivir en estos tiempos de crisis. De los 80.000 residentes en Balears que están en paro, alrededor de 20.000 viven por debajo del umbral de la pobreza. En Menorca, los ayuntamientos, mientras reducen gastos, se ven obligados a incrementar las partidas para resolver urgencias sociales y eso que muchas de ellas no les llegan porque Caritas, una entidad de la Iglesia Diocesana, las resuelve. El drama de no poder pagar la hipoteca, el alquiler de la vivienda, el consumo de agua o de luz, e incluso la comida es difícil de describir. El incremento de la demanda de atención social es muy importante, en una sociedad insular, que como otras, ha vivido por encima de sus posibilidades. Algunas personas sin ingresos llevan ya demasiado tiempo en una situación de precariedad, con el riesgo de crear grupos de pobreza crónica. Las organizaciones comprometidas con la atención social y caritativa, con sus voluntarios, son un imprescindible amortiguador de los efectos de la crisis. Como lo son también las familias, especialmente los abuelos a los que les ha tocado asumir responsabilidades de las que no pueden jubilarse.