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La advertencia del presidente del Consell en una intervención en Madrid respecto al problema de los presupuestos de 2011 se está materializando estos días. Pese al tono aparentemente distendido del comentario, son palpables las dificultades financieras que los ayuntamientos y el propio Consell encuentran en la elaboración de las cuentas del próximo año y que, en puridad legal, deben aprobarse este mes. Sólo tres municipios han presentado sus números, que toman referencia común en la contención del gasto, salvo el caso de Sant Lluís donde la construcción de la nueva escuela dispara el presupuesto en cuatro millones procedentes de la administración autonómica. La atonía de la actividad económica impacta con toda lógica en el ámbito público.

Buena parte del problema se origina en el Govern, que sufre las dificultades añadidas de la falta de apoyo político suficiente para sacar adelante el proyecto y todo apunta a que al tratarse de un año electoral se prorroguen las cuentas actuales. Esa medida perjudica a las administraciones insular y local, con ingresos provenientes de los recursos autonómicos y con planes de obras e inversiones de financiación conjunta que esperan conformidad para ser programadas y ejecutadas.