El anuncio de que el recibo de la luz subirá un 9,8 por ciento a partir del próximo 1 de enero es una vuelta de tuerca más a la maltrecha economía de los consumidores en plena crisis. La medida, que solamente ha contentado a la patronal del sector eléctrico, afectará a unos 17 millones de hogares y viene a constatar que la liberalización energética no ha sido tan beneficiosa como se anunciaba.
El incremento de las tarifas castiga directamente a las familias, cuyo presupuesto doméstico cada vez es más difícil de cuadrar. Pero también las empresas sufren un duro golpe con este aumento, ya que contribuye a disminuir su competitividad, lo que a la postre repercute en la creación de riqueza y empleo. Además, llueve sobre mojado. Desde la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) se calcula que la subida de la luz ha sido del 35,7 por ciento desde 2008. Las explicaciones dadas por el Gobierno para justificarse no han satisfecho a la mayoría y desde las entidades ciudadanas se le acusa de someterse a las reivindicaciones del "lobby" eléctrico.
En este contexto, urge cerrar un Pacto de Estado para abordar definitivamente la reforma del sector energético.
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