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Mancomunar servicios y extender la vía de la ventanilla única. Dos acciones que se vienen reivindicando desde hace mucho tiempo y, sin embargo, a diario se comprueba que no hay manera de adelgazar o reducir la burocracia, sólidamente instalada en las administraciones públicas.

Puesto que la crisis aprieta y corren tiempos de austeridad, se impone que los organismos públicos sean los primeros en predicar y dar ejemplo. Al respecto, un empresario mahonés me participaba recientemente las tribulaciones que debe afrontar cuando, por razones profesionales, tiene que realizar una serie de gestiones en diferentes oficinas públicas y en otras de entidades privadas. Este ciudadano alude especialmente a la considerable pérdida de tiempo y al engorro de los desplazamientos urbanos que debe efectuar a la hora de resolver -de intentar que le resuelvan- determinados asuntos administrativos, llámese obtención de un certificado, abono de una tasa, solicitud de una información urbanística concreta, formulación de una reclamación u otras gestiones.

"Muchas veces -explicaba-, si sales de casa o de la empresa con el propósito de realizar tres o cuatro gestiones en sendas oficinas, pierdes toda la mañana; y eso sin contar que en alguna ocasión la mañana resulta insuficiente y tienes que reanudar el periplo al día siguiente".

No se queja el mencionado empresario del tiempo que debe invertir en las colas de ciertas oficinas, protesta fundamentalmente por el problema de la movilidad, por las dificultades para poder aparcar su coche cerca de las oficinas administrativas a las que acude. Para paliar esta situación, nuestro interlocutor se atreve a lanzar una propuesta concreta para Maó: Las cuatro administraciones -estatal, autonómica, insular y local- tendrían que ponerse de acuerdo e instalar en el antiguo cuartel de Santiago el máximo número de oficinas de atención al público. "Con ello -aduce- podría acabarse con el absurdo desperdigamiento de servicios administrativos que existe hoy día; se ganaría en racionalidad, austeridad y eficiencia; y los ciudadanos ahorrarían mucho tiempo y evitarían las incomodidades y los cabreos derivados de la falta de aparcamiento". La idea no es en absoluto descabellada y creo que merecería ser considerada y analizada por los responsables menorquines de las administraciones públicas.

En cualquier caso, para reforzar la razonable propuesta aquí transcrita, quiero añadir por mi parte una sugerencia igualmente concreta: Que el periódico elabore un amplio reportaje sobre el número y ubicación de las oficinas que las cuatro administraciones tienen esparcidas por Maó, el grado de accesibilidad o posibilidades de estacionamiento próximo y el coste económico de las oficinas situadas en inmuebles en régimen de alquiler. Para completar este trabajo periodístico también sería interesante recabar las opiniones de Javier Tejero, Albert Moragues, Marc Pons y Vicenç Tur, así como efectuar una encuesta popular en plena calle. A buen seguro que este reportaje depararía unas cuantas sorpresas.

Insisto. Dado que la crisis aprieta y corren tiempos de austeridad, hay que eliminar la incomprensible tendencia a desperdigar los servicios administrativos por toda la ciudad.