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Un problema que debería estar resuelto desde hace muchos años vuelve a preocupar a los ayuntamientos menorquines. Todavía hay zonas urbanas, principalmente turísticas, que no disponen de alcantarillado. La directiva europea sobre el agua y la legislación autonómica posterior obligan a dotar de esta infraestructura porque sin ella no podrán concederse licencias de obra. Las administraciones locales disponían de dos años para actuar en las zonas que lo necesitan y en la mayoría de los casos no lo han hecho. No vale traspasar al Govern la responsabilidad en la construcción de depuradoras, puesto que el saneamiento y abastecimiento de agua son competencias municipales. La petición de un aplazamiento de la entrada en vigor de la norma en agosto es una solución de urgencia, que demuestra que no se ha atendido esta prioridad de una forma adecuada. Las dificultades económicas de los Ayuntamientos son comprensibles y un argumento recurrente. Sin embargo, en este caso, salvo los ayuntamientos de Ferreries y Es Migjorn que tienen la infraestructura concluida, se ha evidenciado la falta de planificación y de criterio para invertir priorizando.