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La reacción del pueblo era previsible: "Si le dan (prestan) un millón de euros a Quesería Menorquina, que me los den a mí". Cuando la administración pública saca la cartera con grandes cantidades para fines muy concretos, con nombres y apellidos, la controversia está siempre servida. Es lo mismo que ocurre, por ejemplo, con los clubes deportivos. La pregunta del millón es si se justifica el dispendio desde el punto de vista del interés público. En el caso de Quesería Menorquina se habla de quinientos empleos en juego, entre directos o indirectos, lo que sale a 2.000 euros de préstamo por trabajador salvado. Visto así, quizás sí vale la pena la operación, porque es más rentable que acabar pagando quinientos subsidios de desempleo durante un tiempo prolongado. Pero el agravio siempre está allí cuando se trata de empresas privadas. Otras podrán decir que también merecen un empujón. La jugada del Govern es arriesgada, con la posibilidad de que el millón se enganche entre la maraña de impagos de la empresa y los reproches aumenten; impulsada por el miedo a una hecatombe en un sector muy sensible y en pleno periodo electoral; y comprensible por el lógico miedo a que, por no hacer nada, una fábrica de tan magna envergadura acabe pereciendo en perjuicio de la ya muy castigada economía menorquina.