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El Ayuntamiento de Maó espera el ingreso de tres millones de euros comprometidos por otras administraciones, según se ha puesto esta semana de manifiesto por la concejala responsable de las finanzas. El resto de municipios, con cantidades desiguales, sufren la misma demora y numerosas entidades y sobre todo empresas arrastran problemas o han entrado en crisis de supervivencia por la misma causa. La situación se ha hecho insostenible hasta el punto de darse la paradoja de que instituciones que salen al rescate de determinadas empresas son las causantes del deterioro de muchas otras. Se han adoptado algunas medidas, acuerdos entre ayuntamientos y entidades bancarias, y existe ya una norma salida del Congreso de los Diputados para acabar con una práctica que por su generalización se ha convertido en auténtica epidemia de la Administración española, que sufre a su vez la pérdida de agilidad financiera por la merma de ingresos y el aumento de necesidades a atender. En tales circunstancias y mientras persista el incumplimiento de los plazos legales resulta imprescindible un llamamiento a la responsabilidad y al ejercicio de los compromisos adquiridos antes de que el desajuste sea irreversible.