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El anuncio de auditorías en las instituciones cuyo gobierno pasa a manos del PP parece perseguir como finalidad primera el conocimiento de situación de las cuentas públicas. El endeudamiento ha alcanzado unos niveles que en determinadas economías de empresa resultarían insoportables, a la tendencia del abuso crediticio de la Administración para hacer frente a sus obligaciones y a los problemas sobrevenidos se ha unido en los últimos años una merma notable de los ingresos como consecuencia del descenso en la actividad económica. Las dificultades para asumir pagos a proveedores son perceptibles, la deuda acumulada, por ejemplo, en el ámbito sanitario pone en riesgo la continuidad de algunos servicios. Se trata, por tanto, de conocer el alcance del desequilibrio, un ejercicio de comprensible terapia preventiva de responsabilidad. El segundo paso ha de ir dirigido a garantizar una mayor transparencia de las cuentas públicas, un principio básico que a menudo se enreda en los escurridizos argumentos del interés público para, en la práctica, camuflarse en una notoria opacidad. Por ello es tan importante conocer el momento preciso del estado económico como mantener una política general de transparencia.