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José Ramón Bauzá ha advertido a su equipo de consellers del Govern balear que se mantenga pegado a la realidad y los problemas y demandas de la calle, ya que por mor de la crisis "las cosas están difíciles". Esta recomendación presidencial trasciende el oportunismo político y entiendo que cabe interpretarla como una sincera y honesta pretensión de no desconectar de los grandes anhelos de la ciudadanía de las Islas. En términos similares se expresó Pere Rotger, presidente del Parlament balear, en la sesión de apertura de la nueva legislatura. Ahora habrá que comprobar si estos buenos propósitos casan con la acción de gobierno y la actividad parlamentaria.

El ejercicio de la democracia, si el lector me permite transcribir una primera perogrullada, no puede limitarse a depositar el voto en las urnas cada cuatro años para, sin más contrapartida, ceder la confianza en los políticos que se estime más preparados para el gobierno de las instituciones públicas. Todo sistema democrático tiende a malograrse si no se mantiene un alto nivel de exigencia, si no se cuestiona a diario la eficacia de los mecanismos en que sustenta su actuación. (Valga aclarar que utilizo adrede el verbo malograr en el sentido de no llegar el sistema democrático a su natural desarrollo o perfeccionamiento, según una de las acepciones contempladas por el diccionario de la Real Academia Española).

Al igual que en otros muchos países, la democracia española no escapa al peligro de la degradación, entre otras cosas porque la soberanía popular quizá se ha delegado en exceso en los partidos políticos y, por el contrario, se han descuidado otros cauces de representación. En la práctica ocurre que una vez que los partidos se han adueñado de los votos, el propio sistema democrático activa el proceso que adormece progresivamente el espíritu crítico de la ciudadanía. Esta actitud suele prolongarse durante cuatro años, un tiempo excesivo por cuanto, además de asistir a la enésima operación de endogamia de los partidos, en el camino se desperdician importantes esfuerzos de la sociedad civil que también persiguen enriquecer a la propia democracia.

La implantación del movimiento del 15-M ha introducido sin duda unas nuevas perspectivas en la democracia española. Se han tejido en la sociedad unos cauces de participación que de algún modo han servido para entender y ejercer la política por vías diferentes a las hasta ahora habituales o convencionales. La participación ciudadana parece haber cobrado definitivamente una nueva dimensión. El 15-M ha propiciado cuando menos la recuperación y profundización de un espíritu crítico que en los últimos tiempos había sufrido un pronunciado bajón.

En los próximos meses se verá hasta dónde alcanza la vitalidad del 15-M y si se aprovecha para hacer resurgir el asociacionismo vecinal, desde hace años muy estancado y carente de protagonismo. Es mucho el recorrido a cubrir y constituye un paso significativo que los partidos políticos ya no esquiven la mirada ante las reivindicaciones de un movimiento ciudadano que, pese a unos lamentables episodios de violencia, ha exhibido un impresionante poder de convocatoria en Madrid, Barcelona y otras ciudades. Habrá que estar atentos igualmente a los compromisos que vayan a formularse en el futuro inmediato, tanto por parte de la sociedad civil como de la clase política.

El 15-M ha inaugurado un nuevo tiempo político en un marco democrático que se había quedado estrecho, un tiempo que reclama con urgencia dar nuevos impulsos al poder ciudadano y a una acción crítica rigurosa y constante. Pero no hay que caer en el error de situar ahora la centralidad de la democracia en el 15-M, a modo de ámbito exclusivo y principal. No caben privilegios. La democracia requiere la participación de otros muchos colectivos ciudadanos, por ejemplo de las organizaciones colegiales de abogados, arquitectos y médicos, entre otras, o de los profesionales que ejercen en el mundo educativo, todos los cuales pueden y deben realizar valiosas aportaciones.

Colapsada por la crisis, la sociedad tiene que reivindicar la supremacía de la política en sus diversas variantes, la hegemonía del poder político y su capacidad de decisión, el reconocimiento explícito del poder ciudadano, y combatir toda sumisión a los intereses de cuantos poderes financieros solo procuran beneficiarse de las turbias mareas de la economía especulativa. Sin consideración alguna hacia las miles de víctimas que pueblan las calles de la indignación.