23/08/11 0:00
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La necesaria reflexión sobre la reforma y racionalización de los distintos niveles de la Administración pública en España, principio en el que PP y PSOE parecen estar de acuerdo aunque con los lógicos matices ideológicos, debe acometerse sin precipitación y atendiendo a las realidades distintas de cada una de las regiones de la Península y los dos archipiélagos. En pleno debate sobre el futuro de las diputaciones provinciales, los dos principales partidos nacionales coinciden acertadamente en que los consells insulares de Balears y los cabildos de Canarias tienen unas funciones y significado que no deben ser alterados.

En efecto, no tendría sentido poner ahora en tela de juicio la personalidad jurídica y territorial propia de los consells, muy distinta a la de las Diputaciones, ya que adaptan los intereses generales de la Comunidad Autónoma a la idiosincrasia y necesidades de cada isla, ejerciendo un papel descentralizador para acercar el gobierno a los ciudadanos.

Otra cuestión es que se plantee la urgencia de aplicar medidas de austeridad, un estricto control del gasto y evitar las duplicidades de competencias. Aquí no cabe discusión posible.