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Ciutadella aprobó ayer su salida del Consorcio insular de Disciplina en Suelo Rústico, dos años después de que se integrara. El equipo de gobierno se ha referido a la importancia de la autonomía municipal, sin embargo se interpreta que el motivo principal es económico. El Ayuntamiento quiere cobrar 1,3 millones de euros correspondientes a sanciones urbanísticas pendientes. Es posible que la integración en el Consorcio hace dos años se hiciera sin contraprestaciones, sin valorar la pérdida que representaría para el municipio no percibir el importante de las multas urbanísticas en trámite. Es un argumento comprensible para una administración local con una economía en estado crítico. Sin embargo, ahora debería haber sido posible alcanzar un acuerdo entre el Consell y el Ayuntamiento que impidiera que el Consorcio se desmembrara. Los consorcios insulares no tienen por qué agrupar por norma a todos los municipios, aunque es evidente que esta unidad es deseable. La gestión insular de la disciplina en suelo rústico tiene varias ventajas, como son la aplicación de unos mismos criterios, que definen las propias administraciones representadas, y la optimización de los recursos, con una imprescindible reducción de los costes. La salida de Ciutadella del Consorcio debería ser temporal.