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La detención de un hombre de 71 años, que padece esquizofrenia, como presunto autor de la muerte de una residente de 89 años en estado terminal, en el Geriátrico de Ciutadella, merece un análisis público. Si finalmente las pruebas son concluyentes se cerrará un triste caso de violencia contra una persona que no merecía morir de esta forma. Que el hombre esté incapacitado judicialmente debido a su enfermedad mental obliga a tratar este tema de una manera distinta a una crónica de sucesos. Se trata de respetar a las personas, valorando sus circunstancias, atendiendo el derecho a la información que tienen los ciudadanos, pero eliminando los detalles y las imágenes que alimentan el morbo. Por ese motivo, las administraciones responsables tienen la obligación de proteger a quienes dependen de ellas, sobre todo a los más indefensos, como son los dos protagonistas de esta dramática historia. Pero la responsabilidad de la administración va más allá, puesto que la convivencia de residentes con otros mayores con problemas graves de salud mental causa un conflicto que no se ha resuelto. Las necesidades de los internos en los centros y de quienes padecen enfermedades mentales no son las mismas. No se trata solo de prevención, sino de mejora de su calidad de vida.