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Afalta de un mayor autocontrol y de la incomprensible escasa diligencia de los organismos de control, muy acusado en el caso del Banco de España tal y como han puesto de manifiesto las cantidades que han recibido directivos de cajas de ahorro auxiliadas con fondos públicos, la Justicia se está encargando de poner coto al desmán bancario. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Maó acaba de anular tres contratos de permuta financiera, conocidos como "swap". El magistrado Fernando Pinto Palacio ha seguido los pasos de su colega Carlos Javier García Díez quien hizo los propio con otro contrato en verano de 2010, en una decisión judicial que ha sido ratificada por la Audiencia Provincial, en junio de este año, en una sentencia que no fue recurrida y, por tanto, es firme. En todos los casos, los tribunales han dado la razón a los clientes de dos entidades bancarias por considerar que los productos financieros que formalizaron eran abusivos y desproporcionados y por haberse vulnerado el derecho a ser informados adecuadamente de los sus riesgos. La ponderada actuación judicial es un estímulo para quienes defienden la necesidad de un cambio profundo en la filosofía y la operativa de los mercados financieros.