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El equipo de gobierno de Maó tiene previsto realizar una consulta popular sobre el topónimo de la ciudad y la oposición se ha apresurado a afirmar que esta cuestión no es prioritaria porque, ahora que no gobiernan, resulta que lo más importante es afrontar la crisis económica, cuando ellos mismos negaron su existencia porque había elecciones. Su irresponsabilidad fue entonces más allá y durante cierto tiempo ningún dirigente político socialista se atrevió a utilizar la palabra crisis. Además, no se tomaron medidas para atajar sus efectos y continuaron despilfarrando el dinero público. Ahora, los mismos que negaron la evidencia, en un ejercicio de hipocresía lamentable, exigen al PP soluciones a la actual situación económica que ellos ni se molestaron en buscar. ¿Nadie recuerda ya que más de 4.200 personas firmaron a favor de una consulta popular?. El PSOE es el mismo partido que también ha negado a los ciudadanos el debate sobre la cárcel y ahora que el PP pretende realizar una consulta popular, ejemplo de participación ciudadana, resulta que es un escándalo cuando su coste es muy inferior, por ejemplo, al de una prescindible concejalía de Igualdad. Resulta preocupante ver como la izquierda, haciendo uso de su sectarismo más ignorante, decidió imponer la versión catalana del topónimo, sin consultar la opinión de los ciudadanos. Ahora el PP pretende deshacer el entuerto y se le acusa de querer castellanizar la nomenclatura. ¡Que país!