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Los servicios públicos básicos se han entendido siempre como un gasto que tiene la administración en atención a demandas esenciales de los ciudadanos. Es decir, se utilizan sus impuestos para organizar la sanidad pública, la enseñanza y los servicios sociales. Esta gestión no puede analizarse solo desde la óptica del déficit que generan. El transporte público de las líneas regulares de autobús centra ahora el debate, después de que ayer se aplicaran los nuevos horarios y el recorte de las frecuencias. El Consell soporta un gran coste por estos servicios, con un déficit estructural de 2,2 millones de euros, y es una necesidad la revisión de cada ruta para optimizar su funcionamiento. Eso afecta a algunos usuarios, acostumbrados a determinados horarios, trayectos y conexiones. Es posible que se reduzca el uso del transporte público, como consecuencia de la nueva organización. En la actual situación económica, esta revisión del servicio de transporte es una expresión más del inevitable recorte del gasto para controlar un déficit desbocado en la mayoría de las administraciones. Siempre es difícil e impopular reducir los servicios a los ciudadanos, afectando a sus hábitos, necesidades y comodidades. Hay que esperar que sea lo mínimo posible.