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Es el inicio del inicio". Así definió la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría, las primeras decisiones económicas tomadas por el Consejo de Ministros, que suponen en la práctica uno de los ajustes más duros y una de las mayores subidas fiscales desde la reinstauración de la democracia. Estas medidas, que a la mayoría cogieron por sorpresa, son un avance de lo que vendrá en los Presupuestos Generales del Estado de 2012, que sin duda supondrán nuevos sacrificios a los españoles. La justificación del Ejecutivo presidido por Mariano Rajoy ante el anuncio del pasado viernes es la desviación estimada del déficit público: del 6 al 8 por ciento. Al respecto, para llegar este año al 4 por ciento exigido por Bruselas, habrá que recortar 36.000 millones de euros. Dos de los acuerdos más impopulares para el ciudadano medio es el aumento del IRPF y del IBI.

La actual coyuntura económica, unida a la herencia recibida por el anterior Gobierno, obliga a tomar difíciles medidas de ajuste, que incluyen también a instituciones y organismos. La ciudadanía lo sabe, pero a la hora de realizar la cuentas se debe ser especialmente sensible con los colectivos más desfavorecidos. La prueba de fuego para Rajoy será evitar un acentuado deterioro del Estado de bienestar.