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No descubro nada si afirmo que la Justicia en este país no funciona como debiera. Sin embargo y pese a la crónica falta de medios materiales y humanos, a diario se investigan delitos, se juzga y se castiga a sus autores o se les absuelve si no se prueba que lo son, se dirimen cuitas diversas y se ejecutan las sentencias que las resuelven. No obstante, el esfuerzo titánico al que se enfrentan los juzgados queda barrido ante resoluciones manifiestamente injustas o absolutamente desconcertantes. Baltasar Garzón cometió un error al decretar unas escuchas a los imputados del 'caso Gürtel' con sus abogados defensores a juicio de siete magistrados del Tribunal Supremo. La anulación de las mismas complicó, que no frustró, la investigación de la trama corrupta y las circunstancias que rodearon la decisión del juez motivaron que ésta pasara de error a delito con el resultado ya conocido por todos, once años de inhabilitación y expulsión de la carrera judicial. Rafael Tirado cometió un error al no ejecutar una sentencia por abusos sexuales que pesaba contra Santiago del Valle, quien no hubiese podido asesinar a la pequeña Mari Luz de estar en la cárcel como le correspondía. Las circunstancias que rodearon la (no) decisión del juez dejaron el error en error y el Consejo General del Poder Judicial le impuso una multa de 1.500 euros. Lo he remarcado, los casos son muy diferentes por las circunstancias pero el resultado es, cuanto menos, desconcertante.