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Los emolumentos, conocidos esta semana, de los consejeros de Bankia han supuesto una nueva escalada en el maltrecho y escaso prestigio de la clase política. Viejos, y en algunos casos lamentablemente conocidos, dirigentes de todos los partidos políticos se colocaron en el Consejo de Administración de la entidad que ha recibido cuantiosas ayudas públicas, para hincharse a ganar dinero.

Sin que se les cayera la cara de vergüenza y, aprovechándose de que el director del Banco de España estaba sumido en su empeño de aconsejar al Gobierno de Zapatero recortes en salarios y prestaciones, se asignaron unos salarios que superaban las normas. Si Fernández Ordóñez hubiera estado a lo que debía estar, las arcas públicas se habrían ahorrado este despilfarro y los ciudadanos un sonrojo más.

Ha sido el ministro de Economía de Rajoy, Luis de Guindos, quien ha tomado la decisión, que le honra, de cortar este desmán de los ejecutivos de las Cajas de Ahorro. Lo debían haber hecho los socialistas, que no se cortaron a la hora de congelar las pensiones. Pero no lo hicieron.

Guindos les ha bajado el sueldo un 70 por ciento. Rodrigo Rato, el presidente de Bankia, se llevo a su casa el año pasado la estimable cifra de 2,34 millones de euros. Puede que ahora regrese a la política, dado que el "guru" económico del PP era irrecuperable para la cosa pública, a causa probablemente de los jugosísimos ingresos que cobraba como banquero. Los consejeros, colocados en representación de los partidos políticos y los sindicatos, no se quedaban atrás. Por ejemplo, José Antonio Moral Santin, de Izquierda Unida, un superviviente de todas las batallas internas de la organización en Madrid y con una sorprendente habilidad para colocarse en los ámbitos mejor remunerados, cobró medio millón de euros. Mercedes de la Merced, tertuliana de diferentes medios, donde defiende con ardor el argumentario de su partido el PP, recibió 400.000 euros.

Lo mismo cobraron Estanislao Rodríguez Ponga, exsecretario de Estado con Aznar, y Virgilio Zapatero, ese discreto ministro de Felipe González que se dedicó a la universidad al dejar el cargo y que ahora se descubre que vivía de otras dedicaciones. Qué decir del polémico exalcalde de Majadahonda, Ricardo Romero de Tejada, tan amigo de importantes constructoras como AFAR, que percibió 316.000 euros.

Los representantes sindicales no se quedan atrás, José Ricardo Martínez de UGT, cobró 181.000 euros que Cándido Méndez aseguró que entregó al sindicato para su financiación. Extraña manera de financiarse de una organización social que recibe subvenciones del Estado. Más le habría valido al consejero/sindicalista defender a los 3.500 trabajadores despedidos por Bankia ese año. Lo mismo se les puede aplicar a los dos representantes de CC.OO. en el consejo, Francisco Baquero y Pedro Bedia, a los que el secretario del sindicato en Madrid defendió con el argumento de que "debían cobrar lo mismo que los demás.

Ahí está la clave: todos se llevaban lo que no les pertenecía: el dinero de la subvención pública. ¡Qué vergüenza!