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Acostumbrados a no existir para Madrid, que una ministra se descuelgue en una entrevista anunciando que declarará obligación de servicio público la ruta entre Menorca y la capital de España es toda una novedad. La noticia ha sido acogida con agrado por la clase política, las dos principales organizaciones empresariales, CAEB y PIME, y la Plataforma El Transport Aeri Ofega Menorca, colectivo que se ha encargado de dinamizar en los últimos meses la justa reivindicación de la sociedad menorquina. La reacción positiva es comprensible por cuanto la intención manifestada por Ana Pastor supone un paso adelante en el arduo camino hacia la mejora de la conectividad aérea, aunque se haya visto matizada por la prudencia que impone el desconocimiento de los términos en los que se establecerá esta OSP. La cuestión no es baladí. Las disfunciones de la declaración que regula el tráfico aéreo entre nuestra Isla y Palma se han traducido en unas tarifas elevadas que en nada contribuyen a acercar a los menorquines a la capital balear. El riesgo de que algo así suceda con Madrid existe, lo que obliga a seguir vigilantes para que la sensibilidad demostrada por la nueva ministra de Fomento se traduzca en un sistema eficaz y asequible para Menorca.