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El Decreto de medidas urgentes para el desarrollo urbanístico sostenible, que se convertirá en ley, se ve como una oportunidad para legalizar las zonas de huertos, una problemática permanente desde hace décadas. Todos los intentos de poner orden en los núcleos rurales han fracasado. La única consecuencia real en todos estos años han sido las 79 denuncias en Ciutadella que tramitó el Juzgado de lo Penal, la mitad de las cuales se están cerrando con la imposición de multas. Pero no se ha dado ni un solo paso para que los huertos dejen de estar al margen de la legislación urbanística. En el municipio de Ponent existen 15 zonas de huertos perfectamente delimitadas. En estos terrenos se han levantado desde casas de aperos a viviendas de gran superficie. El Ayuntamiento pretende ahora que al menos el 80 por ciento se legalice. Hasta ahora no era posible porque la norma del PTI establecía 90 metros como superficie máxima para regularizar edificaciones en los planes especiales. De todas formas, está por demostrar si esta nueva vía va a ser una herramienta eficaz para legalizar lo posible, sancionar los incumplimientos y cumplir con los trámites de proyectos y licencias. Además, las normas urbanísticas de estos núcleos deben servir para toda la Isla. Para eso está el PTI.