No cabe duda que se abre una nueva etapa en la gestión del dinero público en las instituciones menorquinas. La presentación de los planes de ajuste al Ministerio de Hacienda para conseguir un crédito que les permita pagar a los proveedores es la fórmula diseñada por el Gobierno para garantizar el control del gasto en la próxima década. A cambio de poder abonar las facturas, los ayuntamientos y el Consell adquieren un compromiso firme de no gastar más de lo que se ingrese. El presupuesto de cada año estará condicionado por este plan de ajuste. Afectará a las inversiones, que serán escasas hasta que el déficit de cada administración esté controlado. Como muestra de las medidas de control, no va a ser posible construir una nueva infraestructura o abrir un nuevo servicio sin un estudio de viabilidad relativo a los costes de mantenimiento y a las posibilidades de asumirlos. La contundencia de estas medidas contrasta con las dificultades para imponer otras similares a las comunidades autónomas, a menudo deudoras de los ayuntamientos. La actitud austera por decreto se impone como prioridad hasta que se convierta en una actitud de los administradores públicos.
Editorial
El ajuste de las cuentas públicas a diez años vista
30/03/12 0:00
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