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Unos quince millones de euros han sido abonados por las administraciones menorquinas a sus proveedores, para atender una parte de las deudas, algunas de ellas con hasta siete años de antigüedad. Es una cantidad considerable que representa un alivio para muchas pequeñas y medianas empresas, asfixiadas por la morosidad de las instituciones públicas. El plan de estabilidad promovido por el Gobierno con líneas de crédito ICO para abonar las facturas a los proveedores ha dado un resultado positivo. En Menorca, solo Ciutadella no ha podido acogerse a esta primera operación al no aprobarse la propuesta por el pleno. Esta financiación exterior no representa una intervención por parte del Estado en las administraciones locales, pero casi. Ahora, Consell y Ayuntamientos deberán cumplir a rajatabla una serie de condiciones para asegurar políticas de austeridad. El Gobierno ha asumido una función tutelar, que pretende el control del déficit y que ha de imponer duras limitaciones al gasto público, sobre todo en las instituciones que soportan una deuda más considerable. Ahora es el momento de celebrar que muchas empresas, por fin, han cobrado de la administración. Después de la celebración, las medidas para que la morosidad no se repita.