Hace años que los ayuntamientos reclaman una financiación adecuada, por ser la primera puerta que tocan los ciudadanos para pedir soluciones y porque, en tiempos mejores para la economía asumieron servicios que no les correspondían, las llamadas competencias impropias, que han descentralizado la Administración pero que, también en muchos casos, han desvirtuado un proceso en sí positivo.
Duplicidades y pequeñas localidades convertidas en capital para comodidad de sus vecinos, pero a un precio que, si arrojaba déficit cuando impuestos y tasas llenaban las arcas municipales, ahora se convierte en una losa para los presupuestos locales. El Gobierno trabaja en una reforma de la cual no ha desvelado los detalles, pero ya ha anunciado que municipios de menos de 20.000 habitantes tendrán que devolver a las diputaciones servicios que generen un balance negativo, y que se impedirá a estos atender prestaciones accesorias si no se cubre primero lo obligatorio. Para los de mayor población -en el caso menorquín solo dos-, se estudian fórmulas supramunicipales, para que presten servicios voluntarios. Falta saber cómo se concretará el nuevo reparto competencial y cómo podrán instituciones, ya en apuros como el Consell, asumir servicios obligatorios de los municipios menores con una garantía de financiación, cuando el Estado recorta apoyo en planes como el de cooperación.
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