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El Consejo de Ministros del pasado viernes aprobó el mayor paquete de medidas de austeridad desde que gobierna Mariano Rajoy. Estos recortes son los más duros. Afectan a los más débiles, al reducir 195 millones de las ayudas a la dependencia y establecer rebajas en la prestación por desempleo. También perjudican a la economía productiva, con el incremento del IVA y la modificación que afecta a los autónomos. Y reduce la renta de los funcionarios con la eliminación de la paga de Navidad, sin garantías de que se recupere. El Gobierno ha sido poco transparente con la información sobre estas medidas, cuando da la sensación de haber llegado a un punto crítico. El esfuerzo que pide Rajoy a los ciudadanos es enorme y no consigue que la sociedad vea que la clase política se aplica a sí misma los mismos criterios de austeridad. Por ese motivo es necesaria la reforma de la administración pública. Por otra parte, el margen de confianza se estrecha. Las medidas deben dar resultado, con datos que permitan vislumbrar un horizonte de recuperación de la economía y del empleo. El Gobierno insiste en que recorre el único camino posible, sin embargo no acaba de explicar con claridad cuál es su hoja de ruta.