El segundo trimestre del año 2012, como era de prever, no ha traído buenas noticias para la situación del tejido empresarial español, habiéndose declarado en los últimos tres meses un total de 2.200 nuevos procesos concursales, lo que representa un aumento del 18 por ciento frente al primer trimestre de este año.
La tendencia alcista de la insolvencia de las empresas españolas (los nuevos datos hablan de incrementos en el número de insolvencias en los últimos tres trimestres) parece hoy en día una sangría imparable que arrastra a todo el entramado empresarial hacia un final tan indeseable como previsible.
Parece que, en este caso, la insularidad no es tampoco un factor diferencial y el número de concursos de acreedores en Balears sigue un ascenso imparable, agravándose esta situación en territorios pequeños y económicamente aislados como la isla de Menorca, en la que la quiebra en cadena del tejido empresarial afecta de forma aún más perjudicial.
Así, si en el año 2010 se declararon en Balears un total de 186 concursos y en 2011 la cifra se elevó hasta los 295, el primer trimestre del año 2012 (a falta de los datos desglosados por comunidades del periodo abril a junio de este año) arroja una cifra de 79 procedimientos concursales, lo que, de seguirse esta media, comportaría un número anual total de 316 procedimientos de insolvencia.
Teniendo en cuenta que más del 90 por ciento de los procedimientos concursales iniciados finalizan en liquidación (por la inviabilidad de las empresas que son declaradas en concurso o por el incumplimiento de los convenios de acreedores que se alcanzan), la anterior cifra total de insolvencias nos puede hacer comprender la gravedad de la situación, no únicamente para el propio tejido empresarial de las Islas sino también, y de forma evidente, para sus habitantes los cuales contemplan la destrucción constante de cientos de puestos de trabajo, los cuales, habida cuenta de la explicada territorialidad (la insularidad sí es un factor diferencial en lo negativo) y la crisis económica global, son difícilmente reemplazables por la aparición de nuevos proyectos empresariales.
La coyuntura económica y empresarial en Menorca es sumamente delicada (máxime si tenemos en cuenta el incremento de los concursos de empresas dedicadas al sector servicios) por lo que urge la aplicación de medidas drásticas y correctoras. El Gobierno, en un convulso ir y venir de nuevas normas, se ha tomado a pecho la necesidad de la adopción de medidas, aunque, por el momento, éstas parecen bastante más drásticas que correctoras.
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