El acceso de los sin papeles a la sanidad

Sin papeles no hay derechos. Esta simple norma se aplicará ahora con mayor rigor con los planes del Gobierno de cobrar 59,20 euros mensuales a los inmigrantes no regularizados, que además deben llevar un año empadronados, para que sean atendidos en la sanidad pública. En este caso, entran en conflicto los intereses de una administración que ha de aplicar a destajo las políticas de austeridad y la responsabilidad de dar respuesta a las necesidades básicas de las personas sin recursos. Si estas personas son de nacionalidad española, entendemos perfectamente que tienen un derecho, el que les da haber nacido en este país y, quizás, su ascendencia familiar de contribuyentes. Esta circunstancia hace que las normas no sean iguales. Sin embargo, se trata de inmigrantes que han salido de su país y que insisten en esperar un futuro mejor, a pesar de la crisis que ellos también sufren. En muchos casos, son los mismos inmigrantes que hace unos meses o unos años tenían trabajo y con su cotización a la Seguridad Sociales ayudaban a pagar las pensiones. Racionalizar el servicio sanitario público no debería emprenderse desde abajo, reduciendo los costes a base de condicionar prestaciones a quienes menos recursos tienen, a costa de saturar los servicios de urgencias.