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Cada vez más se habla de la burbuja del sector público como un fenómeno que se dio a la par de la burbuja inmobiliaria y que tuvo que ver con varios factores específicos de nuestro país. De ello se hizo eco no hace mucho el economista Juan Ramón Rallo, en un artículo en el The Wall Street Journal, en el que sugería que hay que "pinchar la burbuja del sector público", es decir volver al gasto del 2001 con los recursos del 2012, si queremos generar confianza en los mercados y cumplir con el objetivo del déficit impuesto por Europa. Comentaba este autor que en el 2011 el gasto público era 75% mayor que diez años antes, señalando que el equilibrio se hubiera conseguido, si se hubiera mantenido el gasto público per cápita durante el período de burbuja (2001-2007), y no dejar que creciera. Sin embargo, creció, y se sobredimensionó el sector público, en general, y el sanitario en particular, también.

Pues dentro la burbuja del sector público existió una "burbuja sanitaria", puesta al descubierto por quién de alguna manera ayudó a su crecimiento –Informe Bernat Soria-, y que ha sido recogida en diversos blogs de economía sanitaria (por ejemplo, el blog de Jaume Puig-Junoy) y artículos. Según estos el crecimiento del gasto sanitario público en esa época (2002-2009) fue "insostenible" y muy superior a nuestro PIB per cápita. Por ejemplo, se señala como el presupuesto sanitario de la comunidad autónoma (CCAA) de Cataluña aumentó anualmente desde el 2003 hasta estabilizarse en el 2010, duplicando el presupuesto catalán en este período, cuando la población en esta CCAA solo creció un 10%. Y lo más paradójico en general, de esta realidad, es que este crecimiento en recursos humanos y en infraestructuras no se reflejó en una mayor satisfacción de la población, señalan.

En mi opinión, la descentralización de esta partida presupuestaria dio a la sanidad un valor añadido al ligarse el aspecto político, que se reflejó en que se prometieran prestaciones y servicios y se gastara más de lo que se tenía, llegando a ser la sanidad la partida presupuestaria con mayor peso en el presupuesto autonómico (40%). Y este sería el problema. Un problema que crearon unos, y tienen solucionar otros.

Una solución dolorosa se mire como se mire, se haga como se haga. Pues aumentar, por un lado, los recursos, tanto humanos como en infraestructuras; dar por ende un servicio, o mejorar el existente, y de golpe y porrazo, intentar prescindir de él, siempre tiene consecuencias en los profesionales y en los ciudadanos. Pues en un entorno, como el sanitario, donde la "oferta crea inmediatamente demanda" el prescindir de servicios y de recursos humanos afecta irremediablemente a la calidad de la atención sanitaria.

Pero, ¿como hacerlo?, la forma rápida y fácil, es actuar sobre los profesionales, sobre las nóminas, la productividad, el gasto farmacéutico.., lo difícil y doloroso para el ciudadano, es actuar sobre las estructuras, sobre lo ofertado, suprimir servicios... Y en esas estamos. Otro gallo hubiera cantado si cuando el titular The Economist "The Party is Over!" en el 2008, se hubiera tomado como advertencia y actuado en consecuencia. La realidad es que se prefirió el laisser faire pensando que otros serían los que tendrían que pagar la "fiesta". Y en estas nos encontramos, resistiéndonos –los profesionales- a asumir el rol de que somos los culpables de la situación (como me decía una compañera hace unos días), cuando en realidad no lo somos en absoluto, pero si somos parte indiscutible del problema. Un problema que generaron otros y que ahora estos miran para otro lado.

La descentralización del presupuesto y de las decisiones sanitarias en las CCAA, un entorno de burbuja financiera y la sanidad convertida en moneda política, nos ha llevado a una situación en donde se haga lo que se haga el ciudadano va a sufrir las consecuencias. La profética Comisión Abril Martorell que realizó el informe que lleva su nombre hace 21 años (1991) ya alertó de "un cierto agotamiento del sistema sanitario" y dio unas recomendaciones para sus sostenibilidad, que en buena medida quedaron en saco roto, y que hubieran sido un buen punto de partida para evitar que "aquellos polvos trajeran estos lodos"; pero ya se sabe el político, es un animal miope, no ve más allá del tiempo por el que fue elegido. Y así nos va.

En mi opinión, nunca se debería haber descentralizado la sanidad, es demasiado valiosa para dejarla en manos de las CCAA, como se ha visto. Su centralización hubiera evitado las duplicidades (el yo también), con el gasto que ha supuesto; hubiera evitado las inequidades, las cortapisas en la atención según las CCAA, que vemos cada día en pacientes de otras CCAA; y sobre todo hubiera evitado el rentismo político aparejado a esta partida económica. Su centralización hubiera facilitado que se pudiera garantizar la igualdad de oportunidades en la atención, la eficiencia y sobre todo la suficiencia financiera del sistema.
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-Rallo, Juan Ramón. Time to Burst Spain's Public-Sector Bubble. OPINION EUROPE - "Wall Street Journal" 2012

-García Rada A. Is Spanish public health sinking? BMJ. 2011 Nov 23;343:d7445. doi: 10.1136/bmj.d7445.

-Gené-Badia J, Gallo P, Hernández-Quevedo C, García-Armesto S. Spanish health care cuts: penny wise and pound foolish?. Health Policy. 2012 Jun;106(1):23-8. Epub 2012 Apr 9.