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Una enmienda en el Senado para apoyar a los habitantes de las islas en materia de transporte aéreo, aprobada por los senadores del PP, condiciona el descuento de residente a la disponibilidad presupuestaria. Esta inclusión hace sospechar que, en el marco de unos ajustes que afectan a servicios básicos, la aplicación del 50 por ciento de descuento por residencia puede verse afectado. De hecho, la dotación de 330 millones de euros solo cubría el coste de la bonificación hasta el mes de octubre, aunque el Gobierno espera reducir el fraude mediante la exigencia del certificado de empadronamiento y de esta forma cuadrar los números. De momento, según Fomento, en los pocos días en que se aplica la nueva norma, el fraude se ha reducido un 6 por ciento. Si los recortes afectan al descuento en el transporte aéreo el Gobierno será responsable de una discriminación a los insulares. Porque la medida tiene como objetivo compensar una desigualdad por el lugar de residencia. Además, Menorca, donde las compañías aéreas contraen su oferta, no puede permitirse una reducción del servicio aéreo. Habrá que confiar en el compromiso político, pero se ha dado un paso que crea preocupación.