Denuncian y pagan

Las indemnizaciones a promotores urbanísticos por decisiones de la administración pública que han sido lesivas para sus intereses no son nada nuevo. En un territorio celoso de su preservación como es Menorca no es de extrañar que se hayan producido conflictos puntuales de esta índole que, juzgados mediante, han acabado en contraprestaciones dolorosas para el erario público. En el caso de Cala Llonga existe una particularidad que retuerce un poco más la deriva que ha cogido el asunto. Los vecinos fueron quienes denunciaron un presunto incumplimiento de la normativa urbanística y, si no lo remedia instancia judicial superior o acuerdo improbable, los vecinos acabaran siendo quienes paguen las consecuencias económicas del mal final del asunto. Ellos actuaron como debían, informaron de lo que consideraban una mala praxis constructiva ante la autoridad que debería haberlo advertido por sí misma. Luego el Ayuntamiento de Maó actuó, revisó y paró las obras, convirtiendo un potencial conjunto de viviendas en un despojo de hormigón. El juez dice ahora que el Consistorio compensó la falta de pericia que tuvo en la detección del presunto error con la aplicación de una contundencia desproporcionada. No vio y luego reaccionó mal. La seguridad jurídica es un valor que merece el máximo mimo, por respeto tanto a los inversiones como a los vecinos que tienen que salir a denunciar, confían en que sus representantes resuelvan bien el asunto y acaban pagando el pato.