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El convenio de carreteras de 2007, firmado por Joana Barceló con el Ministerio de Fomento, representa una inyección importante de inversión pública. El dinero que aporta el Estado, un total de 67,8 millones de euros, solo puede destinarse a las obras de mejora de la carretera general. Esta obra no sería una prioridad si el dinero pudiera desviarse a otros objetivos, pero al no ser así hay que aprovechar esa inversión. La gestión directa del proyecto por parte del Consell ha resultado positiva, con el desvío de Ferreries, que costó 33 millones, y ahora con los nuevos proyectos. Luis Alejandre se ha ganado la confianza del Ministerio al presentar las propuestas en Madrid con la reforma de Maó-Alaior y Ciutadella-Ferreries bajo el brazo. De esta forma ha conseguido que se transfieran 4,6 millones de euros, venciendo las reticencias de Fomento. Las obras no pueden demorarse. Además, las empresas menorquinas deben unirse y estar preparadas para aspirar a la adjudicación de estas importantes obras de infraestructura. El convenio de carreteras es un buen ejemplo del papel que le corresponde al Consell, como gestor de actuaciones insulares, como ente autonómico, y representante de los intereses menorquines.