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Ciutadella no es el único municipio en el que se ha producido un conflicto entre los responsables de la gestión política y los agentes de la Policía Local. En Maó y Alaior también se ha expresado el malestar de los trabajadores. Sin embargo, conviene diferenciar lo que es una reivindicación laboral de lo que representa el servicio policial y de atención a los ciudadanos. Las plantillas de agentes son una parte muy importante del personal de un ayuntamiento. Por tanto, es evidente que les afectan las medidas de austeridad y también es lógico que tengan una representación destacada en los comités de empresa. Lo ideal es que se pacten los acuerdos laborales, en función de la situación actual de las administraciones. Si el comité de empresa o algún trabajador no acepta unas determinadas condiciones tiene el derecho de acudir a los tribunales, como se ha hecho en Ciutadella. Lo que no puede permitirse es que la situación laboral perjudique el servicio que presta la Policía Local y en este sentido los responsables políticos han de ser exigentes. La imagen de unos agentes que multan más o menos en función de su situación laboral no es aceptable. Ahora parece existir una voluntad negociadora. No es momento de alimentar las polémicas sino de propiciar los acuerdos.