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Diego Torres, natural de Maó, exsocio de Iñaki Urdangarín, está planteando su defensa en el Caso Nóos como un ataque a la Casa Real, como si de esta forma, implicando a la monarquía, pudiera conseguir una sentencia más leve. No se puede cuestionar su derecho a defenderse de las graves acusaciones de la forma que considere conveniente, sin embargo el juez José Castro debería exigirle que no administre el contenido de los correos electrónicos en función de sus intereses, sino que presente todas las pruebas si pretende demostrar que está dispuesto a colaborar con la Justicia. El contenido de la última documentación que ha presentado causa un daño muy importante a la Casa real. Si los documentos son auténticos -nadie los ha descalificado, de momento- es necesario que la investigación llegue al fondo porque está en juego la credibilidad del sistema democrático. Torres quizá crea que apuntando al Rey se protege a sí mismo, sin embargo la sociedad espera que este caso sirva para recuperar la confianza con el sistema judicial y con la actuación política. En este caso, la responsabilidad es individual. La transparencia no ha de perjudicar a las instituciones, sino todo lo contrario.