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Autoridad Portuaria de Balears tiene un problema de confianza. Sobre sus actuaciones aparecen con cierta frecuencia sombras de duda, sospechas más o menos fundadas. Los amarres con el reciente mazazo del juez, el histórico vial el Cós Nou, Cala Figuera. Quizá sea injusto, pero es así. Coincide además en Menorca que Autoridad Portuaria maneja proyectos que tienen incidencia en el medio ambiente, que alteran el entorno, y en Menorca, como es sabido, existe una sensibilidad extrema en lo relativo al verde. En el lado contrario tenemos a las entidades ecologistas, que sí constituyen una referencia para un buen número de ciudadanos, generalmente de izquierdas, que hacen suyas sus alarmas ambientales y no dudan en movilizarse si se tercia. Estas personas depositan en estas entidades toda la confianza que le niegan a Autoridad Portuaria. Y el vertido en el mar de los lodos resultantes del dragado del puerto de Maó se convierte fundamentalmente en un tema de confianza, ante la dificultad que existe para que cada individuo se llegue a formar una opinión propia y fundamentada del asunto mediante el análisis de los documentos. Autoridad Portuaria parte con errores en algunos de sus informes de entes reconocidos, de exhaustividad cuestionada, pero al fin y al cabo favorables a su postura. En el otro lado, cinco informes más contrarios al vertido. Ahora aparece la Fiscalía, con la petición de nuevas muestras cuyos resultados pueden acabar poniendo un cuño extra de legalidad al vertido, pero que de momento abren un nuevo interrogante. Autoridad Portuaria debe esperar. No le conviene vencer (llevar a cabo el vertido) sin convencer. En un tema de tanto calado no se aceptan dudas, y de momento estas proliferan en un mar de desconfianza.