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Cuando la lucha contra la corrupción era discreta, la polémica era menor que en este momento en que la Justicia actúa y obtiene resultados, en una labor de condena y también de prevención de las actuaciones corruptas. La imputación de la Infanta doña Cristina de Borbón era previsible al formar parte de la Junta Directiva del Instituto Nóos. Se trata de un caso de enorme gravedad, que afecta a una de las principales instituciones del Estado. Sin embargo, debería evitarse en la medida de lo posible las condenas anticipadas. Si ahora el funcionamiento de la Justicia, la independencia judicial, transmite una mayor confianza, la respuesta social debería ser de mayor serenidad, de dejar que los jueces, los fiscales y abogados hagan su trabajo, se analicen las pruebas presentadas y se llegue a resoluciones justas. Es lógico escandalizarse por las imputaciones y el gran número de casos de corrupción que han llegado a los juzgados. Por eso es importante, que se llegue hasta el final en las investigaciones y procesos judiciales y que se adopten las medidas necesarias para poner freno a la corrupción en las administraciones. Este cambio imprescindible debe abstraerse del conflicto puntual y ha de tener la visión suficiente para que la transparencia se extienda en la gestión pública y no sea una pose temporal.