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El Ayuntamiento de Ciutadella no fue capaz de aprobar un plan de ajuste en los plazos marcados por el Gobierno, lo que sí hicieron el resto de municipios de la Isla. Confiaba en que el Estado no le redujera su aportación en un 50 por ciento, sino en un 25, pero el Ministerio de Hacienda sigue apretando las tuercas a las administraciones públicas para controlar el déficit. La responsabilidad política se basa en no haber conseguido aprobar un plan de ajuste en su momento, cuando después se alcanzó el consenso entre el equipo de gobierno y la oposición. Se pronostican consecuencias muy negativas para la administración local y es probable que deban adoptarse otras medidas para reducir el gasto e incrementar los ingresos. La revisión de impuestos que no se aceptó entonces, puede ser necesaria. Este preocupante escenario, herencia principalmente de la gestión del anterior gobierno local del PP, también evidencia que queda pendiente la reforma de la administración local. No se han adoptado iniciativas insulares para reducir los costes de la gestión de los ayuntamientos. No basta con esperar la aprobación de nuevas leyes. La problemática económica es local pero también insular.