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El puerto de Maó sigue con tensiones y conflictos que no se resuelven y la mayor parte de la responsabilidad corresponde al presidente de Autoridad Portuaria, José María Urrutia. Puede comprenderse que la sentencia que anula la adjudicación de los amarres a Trapsa le haya incomodado, sin embargo la solución está en su mano y no avanza. Se ha distanciado del Ayuntamiento de Maó, después de que la Corporación apoyara al Club Marítimo en su petición de amarres en Cala Figuera. El martes, el presidente del 'Marítimo', un hombre negociador, salió del encuentro con Urrutia totalmente decepcionado porque las ilusiones que parecían pactadas se están demorando sin horizonte a la vista.

El problema es grave. No se puede aceptar que el organismo que gestiona el puerto de Maó, el Ayuntamiento y los colectivos empresariales no sean capaces de llegar a puntos de acuerdo que permitan conseguir lo prometido, que el puerto se convierta en un motor económico para la Isla. Esa colaboración es una exigencia para los responsables públicos y alguien con la autoridad suficiente deberá preocuparse de imponerla. Maó no puede permitirse ir a remolque en un objetivo estratégico como es la actividad portuaria.