Participación y transparencia frente a la crisis

En la actualidad y a propuesta del Gobierno se está tramitando una ley sobre transparencia, acceso a la información y buen gobierno con la que se pretende: uno, definir las obligaciones de transparencia de las administraciones públicas; dos, garantizar el derecho fundamental de todos los ciudadanos a acceder a la información pública en sentido amplio, no solo documental, sin necesidad de alegar interés específico; y tres, reforzar la responsabilidad de los gestores públicos en el ejercicio de sus funciones y en el manejo de los recursos, mediante el establecimiento tanto de mecanismos de control y supervisión eficaces e independientes como de instrumentos de rendición de cuentas, al haberse demostrado inútiles los existentes. Así se conseguirá un objetivo triple, en palabras del legislador: incrementar y reforzar la transparencia en la actividad pública, a través de obligaciones de publicidad activa para todas las administraciones y entidades públicas; reconocer y garantizar como derecho el acceso a la información; y establecer tanto las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos como las consecuencias jurídicas derivadas de su incumplimiento, lo que se convierte en una exigencia de responsabilidad para todos los que desarrollan actividades de relevancia pública.

España es en Europa el único país con más de un millón de habitantes que no cuenta con una ley de este tipo, lo que unido a la inercia y resistencia a la difusión de cualquier tipo de datos, que es una característica crónica, se traduce en el hecho de que las instituciones públicas no facilitan al ciudadano, por no estar obligadas a ello, la información precisa para adoptar decisiones importantes en cualquier ámbito, ya sea personal, profesional o político. Con la promulgación de la ley se pretende reforzar tales instituciones y recuperar la confianza del administrado en las mismas, como una medida más para salir de la crisis y crear empleo. Porque indudablemente la reducción del desnivel informativo actualmente existente entre la administración y los ciudadanos permitirá construir un aparato legislativo que se apoye en la conciencia social, en un país donde la pasividad en cuestiones políticas de la ciudadanía va in crescendo y, lo que es más grave, donde el diálogo ha dejado de existir a pesar de resultar imprescindible en el sistema democrático, que no deja de ser una forma de convivir en desacuerdo. Para que exista democracia se necesitan consensos y equilibrios; y ello exige participación, diálogo y un despertar la sociedad civil, a través de su compromiso con todos los aspectos de la vida pública, porque ahí radica la fuerza de la democracia.

Nos encontramos ante un cambio de época, no ante una época de cambios, en la que no puede haber lugar al pesimismo, al histerismo, al catastrofismo ni a la autodestrucción. En la historia de la humanidad han sido habituales los procesos de crecimiento y de crisis, y siempre se han superado éstas, aunque la salida sea lenta y requiera medidas técnicas y una predisposición psicológica para ello. Entre tales medidas se encuentran el reforzamiento de la imparcialidad de la administración, el acotamiento de su discrecionalidad, el aumento de su eficacia y el logro de una mayor proximidad a los ciudadanos y a los medios de comunicación, lo que permitirá combatir la corrupción, y facilitar su denuncia. Si por fin se promulga la ley, la crisis habrá servido, al menos, para tomar conciencia de la importancia de la transparencia en las instituciones, incluyendo a todas las que reciban recursos públicos. La crisis deberá servir también para, en el futuro, buscar procesos de crecimiento más suaves pero más continuados; y para descubrir la importancia de mejorar los niveles de exigencia ética, no en términos de ascetismo sino de felicidad, educando al ciudadano, sobre todo a los jóvenes, para hacerles saber que una sociedad con altos niveles de ética funciona mejor, y que la corrupción es como una leucemia capaz de acabar con el sistema económico.

La ley de transparencia es clave para ello, es la mejor forma de permitir al ciudadano ejercer su derecho a saber cómo se gobierna, su derecho a preguntar cuanto le que le parezca oportuno; y no como capricho o curiosidad, sino como derecho. Y como dice la propia ley, la transparencia, el acceso a la información pública y las normas de buen gobierno deben ser tres ejes fundamentales en toda acción política, pues sólo cuando la acción de los responsables públicos se someta a escrutinio, cuando los ciudadanos puedan conocer cómo se toman las decisiones que les afectan, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan las instituciones, podrá hablarse de una sociedad crítica, exigente y participativa. Los países con mayores niveles en materia de transparencia y normas de buen gobierno cuentan con instituciones más fuertes, que favorecen el crecimiento económico y el desarrollo social; en estos países, los ciudadanos pueden juzgar mejor y con más criterio la capacidad de sus líderes y decidir en consecuencia; y así, a través de una mejor fiscalización de la actividad pública se contribuye a la necesaria regeneración democrática, se promueve la eficiencia y eficacia del Estado y se favorece el crecimiento económico.

Me gustaron las entrañables palabras de presentación que Francisco Tutzó, presidente del Cercle d'Economía de Menorca, entidad organizadora del acto, dedicó al conferenciante, y las que éste dirigió a su antigua colaboradora y hoy consejera de Bienestar Social y Juventud Aurora Herráiz, quien junto al presidente del Consell Santiago Tadeo y otros muchos, acompañaron a Antonio Garrigues en su disertación, en un gesto que a mi juicio demuestra la sensibilidad de Menorca y de sus instituciones por un tema de tanta transcendencia pública y privada; y más cuando Menorca constituye un paradigma de participación de su sociedad civil, y ahí tenemos semana tras semana el ejemplo de los voluntarios de la Isla del Rey.