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El conflicto que vive el sector de la educación se manifestó ayer con un seguimiento importante de la huelga, tanto entre los profesores como entre los alumnos. Seguramente ha sido la acción de protesta con mayor respuesta, después de otras convocatorias con escaso seguimiento. La presencia de unas 700 personas en la manifestación también es significativa. En esta segunda huelga general en la educación se han reiterado argumentos de confrontación con los gobiernos central y autonómico, con motivo de la LOMCE y por decretos como el de Lenguas. La falta de negociación para la aplicación de los cambios es uno de los argumentos de quienes se oponen a ellos. El acuerdo es difícil, porque las posiciones están muy alejadas y además interfieren tanto los intereses laborales de los docentes como las motivaciones políticas que acompañan algunas normas. Lo que es evidente es que el conflicto perjudica a la enseñanza, al margen de la menor o mayor motivación de los profesionales. No se trata solo de lastrar uno de los pilares de la recuperación económica mediante la mejora de la competitividad a través de la formación, sino que la tensión ante las medidas que adopta la Administración afectan negativamente al derecho de los alumnos a recibir una buena educación.