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El caso del senegalés Alpha Pam, que falleció por causa de una tuberculosis, después de una deficiente atención en el hospital de Inca, ha levantado una gran polémica. El Decreto Ley 16/2012 obliga a retirar la tarjeta sanitarias a los inmigrantes irregulares, aunque establece que han de ser atendidos en los servicios de Urgencia. En Balears se han retirado 19.856 tarjetas sanitarias desde abril del año pasado. Uno de los efectos ha sido el incremento de la presión asistencial sobre los servicios de Urgencia. En Inca se cometía una irregularidad grave, se exigía la firma de un documento de compromiso de pago a las personas atendidas sin disponer de tarjeta. Alpha Pam lo firmó. El error médico en el diagnóstico es otra cuestión, que ha de ser investigada como en otros casos, aunque la apertura de tres expedientes ya ha provocado la queja del Colegio de Médicos. La polémica sobre la atención que recibió Alpha Pam ha de servir para revisar los resultados de una normativa polémica que afecta a la salud y a la vida de muchas personas. No es comprensible que el Govern no haya creado todavía la comisión técnica que ha de vigilar la forma en que se aplica la norma. La austeridad no ha de deshumanizar la atención sanitaria.