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El área de Bienestar Social del Consell ha decidido invertir unos 200.000 euros para crear entre veinte y treinta puestos de trabajo dedicados a la recuperación de fincas agrarias en desuso y a la producción de productos locales. Se trata de contratar a personas que ya no perciben ningún subsidio o a quienes quieran cambiar la renta mínima de inserción por esta actividad. El salario es de 600 euros mensuales. El proyecto es interesante, con un coste económico moderado. La iniciativa tiene varios aspectos a destacar: permite la formación de personas que en muchos casos son parados de larga duración en una actividad distinta; se puede mejorar el estado de algunas fincas, con la implicación de cooperativas agrarias; se da una opción de trabajo, lo que, a pesar del bajo salario, dignifica a las personas que puedan aprovechar esta oportunidad. Una acción similar se ha llevado a cabo con la prevención de incendios en las zonas boscosas. El resultado también ha sido positivo. Son medidas concretas para aliviar algunas situaciones desesperantes por la falta de empleo. Que la Administración libere recursos para estos fines es un acierto y un síntoma esperanzador.